La educación amenazada

Entrevista a PACO MARCELLÁN

resizer

¿Cuál es el modelo de educación pública que se está perfilando para el futuro con la actual política de recortes? ¿Una privatización total? ¿Un sistema a la americana con una educación pública degradada incapaz de competir con la privada?

El modelo educativo actual hereda la estructura iniciada por el PSOE en los años 80. La educación concertada abrió la vía para el mantenimiento de las desigualdades en el sistema escolar, consecuencia de una incapacidad por parte del Ministerio de Educación de apostar por una mejora cualitativa y cuantitativa del sistema público.  Las apuestas del PSOE fueron absolutamente timoratas ante el miedo a  la movilización de la escuela privada/religiosa católica (patronales como FERE o asociaciones de padres  como CONCAPA) con el apoyo mediático “habitual”  en defensa de la “libertad de elección de los padres”, la importante presencia ideológica a través de la asignatura de Religión  y  la ausencia de búsquedas de complicidad en el tejido social defensor del sistema escolar público.

El modelo de educación pública que se prefigura en el marco de una crisis económica estructural radica en su pérdida de centralidad y su subsidiariedad ante el peso de la enseñanza “confesional” (privada o concertada) sobre todo en el medio urbano, destinada a alimentar las ilusiones securitarias y de recorrido social de la clase media, discriminadora en función de la procedencia social familiar (emigrantes, sobre todo) y legitimadora de los valores dominantes (competitividad, exclusión etc).  La degradación de las condiciones de trabajo de los docentes (no solo a nivel económico, sino de formación permanente, apoyos administrativos e infraestructuras, integración de alumnos con discapacidades), junto con la imagen proyectada desde las instituciones competentes (CCAA) prefiguran un panorama desolador. Las dificultades de competir con la enseñanza privada son evidentes y la tendencia a la degradación exige una respuesta colectiva que vaya más allá de la tendencia corporativa de los profesores y acumule fuerzas con estudiantes y AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos).

La educación, una vez privatizada en su totalidad o degradada la pública hasta hacerla inútil, se convertiría en un gigantesco negocio para las multinacionales. ¿Es este el plan de los “mercados”?

Sin duda, la educación concebida como negocio,  es una realidad en estos momentos a través de la dualidad anteriormente señalada. Las patronales de la privada han fomentado estructuras jurídicas para la gestión de sus centros que no solo blindan la transmisión de ideología sino también los beneficios. La presión permanente para recabar más financiación de las administraciones públicas (flagrante en algunas CCAA como Madrid) en base al principio de libertad de elección de centro escolar se traduce en un detrimento de la inversión en el sector público con una traducción inmediata en la calidad de la enseñanza y en las condiciones laborales de los trabajadores.

Por otra parte, la visión integral del sistema educativo por parte de las empresas (desde la educación infantil hasta la Universidad en una continuidad poco denunciada) y la sectorialización y fragmentación del sistema público ofrecen una trayectoria a los “consumidores” de la educación privada basada en los respaldos y seguridades ideológicas (“sabes lo que quieres y eso  lo ofrecemos a tus vástagos desde los 2 a los 23 años”), en una “burbuja social” en la que las relaciones son con los de tu clase social sin “aditamento alguno” a cambio de tu apuesta por una inversión “garantizada” aunque te “cueste” económicamente.

¿Existe una hoja de ruta para este proceso de privatización total o parcial?

La hoja de ruta es la propia ruta que están llevando los gobiernos de este país desde los años 80 y que se ha agudizado en la última década por la presión neoliberal tanto a nivel ideológico como económico. Los “servicios públicos” son caros e ineficientes según el mantra dominante que es interiorizado socialmente superando perfiles políticos y culturales. Permanentemente aparecen en la prensa informaciones acerca de dónde estudian los hijos de políticos (independientemente de su color) o de líderes de opinión y siempre aparece la enseñanza  privada como garantía frente a la pública.  Que los gobiernos de signo conservador apuesten por la privatización es consecuente con su ideología pero que los autodenominados “gobiernos de progreso” sean incapaces de apostar por un sistema público de educación y lo manifiestan con sus conductas tanto privadas como de legislación, no constituye un referente adecuado para que la ciudadanía asuma con todas sus consecuencias la defensa del valor de lo público.

Hay gobiernos autonómicos que han avanzado más que otros en este proceso de recortes para degradar la educación pública. ¿A qué se deben estas diferencias de velocidad?

Las velocidades son diferentes pero el objetivo a alcanzar es el mismo. Poner en valor de mercado el sistema educativo en base a una pretendida eficiencia y rentabilidad económica frente al valor social de una educación que fomente valores que no son precisamente los de ese mercado: Competitividad frente a solidaridad, desigualdad frente a equidad, eficiencia de los gestores frente  participación y calidad democrática,  aprendizajes dirigidos frente a autonomía en la creación de pensamiento libre y propio de los ciudadanos, servidumbre voluntaria e individual  frente a acción colectiva y autogestión, cliente con derechos en función de lo que paga frente a ciudadano con derechos y deberes irrenunciables.

La coincidencia política del Gobierno salido de las elecciones del 20-N con el de la mayoría de las comunidades autónomas va a favorecer la convergencia e imposición del modelo antes señalado, con el agravante de las deficiencias en la movilización social en un periodo de crisis económica, la ausencia de centralidad y parcialización de las luchas en el sector de la educación y el “sálvese quien pueda” como evidente corolario.

¿Qué consecuencias han tenido los recortes hasta el momento? ¿Qué consecuencias van a tener en el futuro a corto, medio y largo plazo? ¿Dónde se han notado más lo efectos?

Los recortes han implicado una deficiencia en las condiciones de trabajo en los centros (inadecuación en la asignación docente con la especialización temática, disminución del personal de apoyo, paralización de inversiones para el mantenimiento e infraestructuras básicas de los centros, precarización del profesorado no funcionario) pero también en la proyección hacia la sociedad de una imagen degradada del profesorado por parte de los responsables políticos (y la Comunidad de Madrid en vanguardia de esa ofensiva). Esto en relación con el corto plazo. En el medio plazo, una disminución de las plantillas docentes y unas dificultades para el relevo generacional (prioritariamente en Secundaria) que pueden dañar aún más al sistema público y, lo que es más grave, la falta de perspectiva para los graduados en Educación a los que la implantación del Máster  y la ausencia de perspectivas de futuro conduce a una impotencia y frustración vocacional de impacto no solo personal sino también colectivo.

¿Cómo están reaccionando las víctimas de este proceso? Alumnos, profesores, padres, personal no docente.

La reacción la han protagonizado básicamente los profesores y a su estela se han añadido padres y alumnos (fundamentalmente en Secundaria) con acciones  a nivel local (el centro escolar como referencia) como global (el ámbito autonómico). A los problemas organizativos ( formas de representación e interlocución) se debe añadir una visión de lo público de más largo alcance (no hay debate sobre el modelo de educación pública sino defensa de lo existente, planteamientos sectoriales frente a visiones integradas del sistema educativo como un todo, visiones corporativas frente a trabajo más integrador con padres y alumnos en lo cotidiano). Las medidas de presión (huelgas y manifestaciones)  y los mecanismos de respuesta por parte de las Administraciones autonómicas remiten a una correlación de fuerzas en las que el movimiento por parte de profesores, alumnos y AMPAS deben desarrollar nuevas vías más contundentes de impugnación.

¿Qué ha supuesto la aparición del movimiento 15-M en la lucha contra este proceso de recortes?

El movimiento 15-M, con una  reivindicación de lo evidente a través de formas de representación y análisis directos por parte de los afectados por un problema y la dimensión transversal del mismo, tiene una de sus proyecciones en la respuesta ante el proceso de agresión al sistema público (educación, salud, transporte, vivienda etc.).  La demanda de interlocución por  parte de los sindicatos “mayoritarios y representativos” en el ámbito educativo y la respuesta por parte de las administraciones autonómicas (de nuevo Madrid, pero también Cataluña, Murcia, Galicia, Navarra, entre otras)  muestran una nueva fase de relación entre el Poder y la ciudadanía que rompe el ejercicio de co-responsabilidad  existente hasta ahora. La creación de asambleas de zona pero también la incorporación de actores “olvidados” (padres y alumnos), la búsqueda de transversalidad a través de la acción diaria, el dudar del valor de lo “realmente existente” e impulsar su cuestionamiento crítico, la identidad colectiva frente al problema individual, la respuesta imaginativa y directa frente a la observación pasiva son valores estimulados con el 15-M que han sido llevados a la práctica en este proceso de movilización contra los recortes educativos.

¿Qué posibilidades existen de frenar este proceso y qué tipo de acciones o movilizaciones habría que realizar para lograrlo?

La posibilidades de frenar  el proceso de recortes pasan por articular las acciones y movilizaciones a un nivel global (tanto español como europeo), involucrando a todos los componentes y agentes del proceso educativo (profesores, alumnos, personal administrativo y de apoyo, AMPAS)  pero agitando a la vez otros sectores sobre los que la antisocial política de recortes altera los derechos básicos de la ciudadanía a una vida digna.  No se debe considerar aislado el problema de la educación, del de la salud, la vivienda o el transporte. Se debe integrar en una visión global que permita a la ciudadanía tener una conciencia clara de la agresión que se está perpetrando. Organizar desde abajo la respuesta, coordinar las acciones y sobrepasar los marcos de actuación ordinarios (negociación como finalidad) junto con acciones contundentes y de impacto real, no solo mediático, que identifiquen a los agentes del proceso de impugnación y generen una complicidad colectiva.

Si no se logra detener este proceso, ¿qué modelo de sociedad se acabará conformando?

La de una concepción de las personas como  clientes de servicios, que pagan por la eficacia y eficiencia de los mismos, basada en una servidumbre voluntaria frente a una participación y responsabilidad como individuos. Es la conformación de una sociedad basada en los “expertos”  que tienen respuesta para los problemas y que radica en ese reconocimiento por parte  del poder ( y no de la ciudadanía), en la que la “mediación” se convierte en el canon de “relación”, en la que la precarización, la marginalidad y el paro son las señas de identidad, y en la que la exclusión del no cliente se basa en su incapacidad para adoptar un rol “emprendedor”.

Gobiernos que se han destacado en los recortes a la educación, como el de Cataluña de CiU o el del PP en Madrid o Galicia, han obtenido recientemente excelentes resultados electorales, ¿Cómo se puede entender y valorar este hecho?

No solo ha sido la política de recortes sino las tramas de corrupción evidentes  las que  no han sido “rechazadas” electoralmente. Sorprende el caso de la Comunidad Valenciana, paradigma del saqueo de lo público, en la que los corruptos son validados electoralmente y pretenden sacar “ventajas penales” por esa confirmación y conformidad de su “buen saber hacer”. El discurso “paternal” (en muchas comunidades autónomas en las que “barre” el PP) y los “programas ocultos” (en el caso del CiU y del PP a nivel estatal) no han sido percibidos por la ciudadanía como elementos de impugnación sistémica, por la debilidad de la representación en las alternativas políticas, la interiorización de la crisis económica, el modelo mediático que soporta un bipartidismo sólidamente anclado en una perversa ley electoral y la decepción ante la llamada a “pelear” o a “rebelarse” por parte de organizaciones políticas que utilizan nominalmente esos conceptos pero su práctica es contradictoria. La abstención y el voto en blanco son parte de la respuesta pero no la solución a la escasa articulación social que existe en todos los ámbitos y frentes de lucha.

Dados los resultados de las elecciones, ¿podemos esperar de forma inmediata una intensificación de este proceso de recortes?

El Gobierno que se configura tras el 20-N ejecutará políticas  fruto de su perfil ideológico propio, de sus apoyos sociales (la clase media asustada, el empresariado, la Iglesia, sectores de la clase obrera desubicados ideológicamente) pero también de las directrices internacionales, no solo procedentes de una Unión Europea agonizante y sin capacidad de respuesta más allá de servir de mediadora de los intereses del capital financiero. Desmontar lo público en base a ofertar a precio de saldo  al capital privado los sectores que generan ganancias en el corto plazo (ya se vivió en el primer gobierno de Aznar), crear una conciencia de culpabilidad entre los trabajadores del sector público (la funcionarización como “privilegio”), los recortes salariales, la desinversión pública, la externalización de servicios y el “adelgazamiento” de las administraciones públicas,  la apuesta por el saqueo territorial y el urbanismo salvaje como modelo de crecimiento, la deslocalización industrial, serán algunos de los elementos identificadores del paradigma político conservador que se ha basado en la “creación de empleo sin decir cómo” para enganchar a su carro a un electorado sin alternativas.

¿Qué consecuencias tendrán los recortes actuales en la escuela pública a nivel educativo en los futuros  alumnos en la Universidad  Pública.

La implantación del modelo Bolonia en la Universidad Pública se ha traducido en una precarización del conocimiento a través de los Grados y la mercantilización de los Másteres, así como una actitud pasiva ante el  aprendizaje que conduce a  un analfabetismo funcional que configurará una “mano de obra” sumisa ante la precarización de su trabajo y alejamiento de sus capacidades.

Se argumenta que existen demasiadas universidades públicas en las distintas CCAA, lo que implica un gasto insostenible e inviable la financiación de todas.

El sistema universitario se configura en nuestro país con cincuenta universidades públicas y veinticinco privadas. El alumnado de éstas representa un 10% del total y su concepción empresarial se traduce en unas elevadas tasas de matriculación amparadas en los denominados costes reales de la enseñanza (tanto en Grado como en Máster) que agudizan el perfil de cliente y la asunción de resultados “académicos” correlativos a la “inversión” que realiza el estudiante y su familia. El claro sesgo ideológico de muchas de las universidades privadas, la apuesta por el marketing como canal propagandístico de sus “excelencias” formativas (que no de investigación) y que se traducen en una posición prioritaria a la hora de acceder al empleo, la vinculación de los egresados con la universidad constituyen elementos distintivos frente a las universidades públicas, sumidas en una crisis estructural, económica,  conceptual e identitaria que se ha agudizado en los últimos años. Las Comunidades Autónomas, en tanto responsables competenciales de las universidades públicas, han trasladado la política de recortes en capítulos de inversiones e infraestructuras y abordan en estos momentos el tijeretazo en el capítulo de profesorado y personal de administración y servicios, que se puede traducir en supresión efectiva de puestos de trabajo en todos los ámbitos y sobre todo, en profesorado en formación y asociados. Los dimensionamientos de las titulaciones en función del número de alumnos, los solapamientos en las ofertas de plazas de estudiantes entre diversas instituciones, los recortes en las inversiones en investigación (proyectos y personal), los propios mecanismos de gobierno y representación, la incentivación de la búsqueda de recursos externos, la externalización de servicios, los mensajes de ineficiencia antes descritos para el sistema no universitario, configuran un panorama justificador de la no sostenibilidad del sistema de educación superior y  la necesidad de su transformación en una dirección ajustada a esos parámetros neoliberales contundentes con lo público.

La idea que se vende, de que la universidad debe adecuarse al mercado, no implicará que al final el mercado también controle la universidad. ¿O ya lo hace?

La concepción de la Universidad como espacio de creación y transmisión de conocimiento critico, con un papel activo de sus miembros (profesores, alumnos, personal de administración y servicios) en la conformación de un compromiso explícito con la sociedad y no refugiado en la autocomplacencia de su aislamiento implica que el parámetro “mercado” debería tener un carácter residual y antagónico con lo anterior. La rendición de cuentas a la sociedad, como elemento inexcusable de ese compromiso, no debe implicar un control simplificador y simplista por parte de los Consejos Sociales, actualmente órganos inoperantes, que refugian en su caracterización como vínculo de la sociedad con la Universidad.

El valor de cambio de los títulos universitarios en base a su adaptación a las necesidades del mercado, junto a la co-financiación de algunas titulaciones por parte de empresas ( a las que les resultan más “baratos” los costes del sistema público) se complementan con la paradoja de una escasa inversión en investigación y desarrollo por parte de las empresas españolas (en 2010 según datos del INE representan un 43% frente al 60% en la UE), que acuden a los grupos de investigación universitarios como consultoría “barata” en costes  y a cambio dan  “migajas” mediante fórmulas imaginativas como “Cátedras de empresa”, “contratos de investigación” en muchos casos con escaso valor añadido en cuanto a  sus repercusiones en el tejido productivo. La libertad de investigación se ve condicionada por un “utilitarismo” y “rentabilidad” en el corto plazo que unido a los recortes en la financiación pública pueden orientar las actividades de transferencia en una dirección demandada por el mercado. ¿Controla éste ya la Universidad?. Sin duda alguna, en un marco de crisis, en el que todo vale, y en el que se han creado dependencias e intereses individuales o de grupo en las universidades públicas, la variable “mercado”  entra a jugar un papel determinante en la configuración no solo de la investigación sino también de los mecanismos de la gestión universitaria, que tiende a “sacralizar” los modelos empresariales de “gobierno” frente a la calidad democrática y de participación insuficientemente desarrolladas hasta la fecha en nuestro sistema público de educación superior.

Publicado en Polémica, n.º 100, diciembre de 2011

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