Juzgar a los culpables de la crisis

Álvaro MILLÁN 

La revolución en Islandia ha llevado ante los tribunales de Justicia a los culpables de la crisis económica del país. Salvo por esta honrosa excepción, los protagonistas de esta monumental estafa a la que seguimos llamando “crisis” no sólo se van saliendo con la suya, sino que amenazan con quedarse con todo lo que aún no han robado.

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Los Juicios de Núremberg fueron el colofón de la Segunda Guerra Mundial. Se hicieron sobre una base jurídica incierta. No había precedentes ni, por tanto, jurisprudencia en que fundamentarse. Para improvisar un marco jurídico se elaboró la Carta de Londres o Estatuto de Londres del Tribunal Militar Internacional, documento firmado el 8 de agosto de 1945 –el mismo día en que acabó la guerra– por las potencias vencedoras: Francia, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. En este documento se fijaron tanto los principios como el procedimiento por los que se iban a regir los procesos.

Muchos juristas cuestionaron lo que se estaba haciendo. Otros lo consideraron un simple acto de venganza. Y muchos, con poderosas razones a su favor, plantearon objeciones de mucho peso. ¿Qué autoridad moral tenían sobre los nazis los que lanzaron las bombas atómicas sobre Japón? ¿Quién era Stalin para juzgar crímenes contra la humanidad? ¿Por qué condenaron a Hitler los que acabaron adoptando a Franco como amigo y aliado? La lista de preguntas sería tan interminable como imposible de responder.

Pero, pasadas ya más de seis décadas, lo único relevante es que, con todas las incongruencias que se quieran señalar, se estableció que determinados crímenes no podían quedar impunes, y eso abrió un camino que nos ha llevado al desarrollo de una jurisprudencia internacional que tipifica crímenes contra la humanidad, genocidio, guerras de agresión, etc. Ciertamente con las mismas incongruencias que se le pueden seguir achacando a los procesos de Núremberg, pero que ha permitido juzgar a algunos canallas, posiblemente asustar a otros y quién sabe si disuadir a alguno de persistir en su criminalidad.

Algunos, sin duda con mucho menos peso e influencia que las cuatro potencias vencedoras de 1945, han apuntado la posibilidad y la pertinencia de juzgar a los culpables de la crisis económica en que estamos sumidos. Por muy utópico que nos pueda sonar esta idea, hay que reconocer que existe mucha más base jurídica nacional e internacional para juzgar a los chorizos que han generado esta crisis que la que existía en 1945 para enjuiciar a los capitostes del régimen nazi; y en cuanto a la gravedad de sus delitos, por muy difícil que resulte establecer comparaciones con Auschwitz, si sumamos todo el sufrimiento causado hasta la fecha a millones de personas en todo el mundo y las consecuencias –hoy incalculables– que todo ello tendrá para el futuro, no puede considerarse ninguna exageración considerar esta crisis como un crimen contra la humanidad.

Hasta ahora no ha habido más que unos pocos procesos, nada si lo comparamos con las inmensa estafa que hemos sufrido y con la inmensidad de los recursos que se han utilizado para “rescatar” a las entidades bancarias con dificultades, culpables de la estafa. En España no ha habido ninguno. Probablemente, de haberlo habido, el Gobierno, como es su costumbre, hubiera indultado a los posibles condenados. En este país los corruptos no suelen pasar por lo tribunales, más bien obtienen victorias electorales clamorosas.

Lamentablemente, lo que vamos viendo por el momento es que, lejos de juzgar a los culpables, lo que estamos haciendo es cargar colectivamente con la culpa. Es mucha la gente que se ha tragado el cuento de que todo esto es “culpa de todos”, de tanto comprar pisos, de hipotecarnos, de consumir y de “vivir a lo loco”. Este sentimiento de culpa no sé si va creciendo o decreciendo, pero resulta evidente que está muy presente en nuestra sociedad. Cuenta Ada Colau que una de las dificultades con las que se encuentran en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es convencer a las personas que se enfrentan a un proceso de desahucio para que pongan resistencia: “Nosotros esperábamos encontrar a personas cabreadas con un sistema abierta y obscenamente injusto que sobreprotege a entidades financieras y deja a miles de personas en la calle, endeudadas y condenadas a la exclusión social de por vida. En cambio nos encontramos sobre todo con personas deprimidas, con fuertes sentimientos de culpa y fracaso personal”.

Algo muy parecido ocurre con los parados de larga duración, que acaban pensando que la inutilidad de su búsqueda de empleo se debe a su incapacidad para realizar un trabajo que merezca una retribución. ¿Podría ser que este sentimiento de culpa generalizado lleve a millones de personas a votar a partidos que plantean como “única salida a la crisis” recortar gastos sociales? ¿Explicaría esto los buenos resultados de partidos como el PP o CiU en las últimas elecciones? Si así fuera podríamos llegar a la conclusión de que sufrimos colectivamente algo parecido a lo que padecen las mujeres víctimas de maltrato, que llegan a pensar que les pegan “porque han hecho algo malo”. Posiblemente las personas que han votado a PP o CiU lo han hecho pensando que si “nos portamos bien”, si nos apretamos el cinturón, si nos olvidamos de lujos imposibles como buenas escuelas o modernos hospitales, si en definitiva hacemos lo que mandan “los mercados” por boca de Merkel y Sarkozy, tal vez se apiaden de nosotros y nos perdonen la vida.  Y quién mejor que Rajoy, o Artur Mas, para aplicar esa medidas “desagradables pero necesarias”. No es que Zapatero no viniera haciendo lo mismo, pero lo hacía a regañadientes, no parecía gozar con su cometido. De Rajoy, por el contrario, podemos estar seguros de disfrutará con sus tijeras como un cerdo en una charca.

Es por todo esto que reconforta que alguien, en medio de tanta idiotez de responsabilidad colectiva, proponga llevar ante un tribunal a los culpables de la crisis, a los que se forraron antes de la crisis, se siguen forrando –aún más– con la crisis, y que esperan quedárselo todo cuando acaben de convencernos de que, en el fondo, la culpa es nuestra. Y reconforta no tanto por la esperanza de ver a ciertos personajes en un banquillo, sino por la importancia del mensaje que emiten.

Los islandeses decidieron en su día que la culpa no era “de todos”, que los culpables eran unos cuantos y que debían pagar por sus delitos. Así lograron tumbar al gobierno del conservador Geir H. Haarden –actualmente enjuiciado– y encarcelar a los responsables de la debacle económica del país. Y a base de manifestaciones y caceroladas, pacíficamente, hicieron una auténtica revolución de la se ha hablado muy poco, porque a los que deciden de qué se habla en el mundo les aterroriza pensar que ese ejemplo pueda extenderse. Pero el ejemplo sí puede extenderse, y el primer paso es afianzar la convicción de que los poderes financieros internacionales y los gobiernos que actúan bajo su dictado son los culpables y beneficiarios de lo que ocurre.

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